Nuevas líneas de acción

De acuerdo al Décimo Tercer Estudio Nacional de Drogas en Población General (SENDA, 2018), la Región Metropolitana presenta un consumo promedio de alcohol superior a la media nacional. Lo mismo sucede con el consumo de marihuana, cocaína y otras sustancias. 

La relación entre el empleo y el abuso de sustancias ha sido estudiada desde muchos puntos de vista, intentando demostrar la relación directa que existe entre ambos. En el año 2011, Henkel publicó un meta-análisis sobre esta relación, presentando evidencia publicada entre 1990 y 2010. 

Sus principales conclusiones fueron:

Entre los desempleados es más común el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de drogas ilícitas y recetadas. Con una consecuente mayor probabilidad de desarrollar trastorno por abuso de sustancias.

El consumo problemático de sustancias aumenta la probabilidad de desempleo y disminuye la posibilidad de encontrar y mantener un trabajo.

El desempleo aumenta el riesgo de recaída después del tratamiento por adicción al alcohol y las drogas. La naturaleza exacta de la relación entre desempleo y probabilidad

El empleo se considera sistemáticamente entre los índices clave de mejora para las personas con un trastorno por abuso de sustancias. Además, es uno de los dominios evaluados en las medidas de resultado del tratamiento comúnmente utilizadas, incluida la gravedad de la adicción Index (ASI) y en las Medidas de Resultados Nacionales de SAMHSA (SAMHSA, 2004).

El empleo tiene beneficios económicos y no económicos para las personas en recuperación; además de su legítimo potencial de producción de ingresos, el trabajo proporciona estructura, una oportunidad para las conexiones sociales y la socialización con personas que no consumen sustancias y que pueden funcionar como modelos a seguir, y un papel valorado y respetado en la sociedad. Esto último es especialmente importante para las personas que pueden haber sido estigmatizadas y discriminadas debido a su historial de consumo de sustancias (Laudet y White, 2010). Existe numerosa evidencia que rescata al empleo como un factor protector en el tratamiento, evitando recaídas (Laudet, 2012).

Asimismo, el empleo es, en general, considerado una prioridad fundamental por los usuarios en proceso de recuperación, con una tendencia en la que la proporción de participantes que citan el empleo como una prioridad aumenta a medida que avanza la recuperación (Laudet y White, 2010).

Desde 2021, comenzamos a ejecutar el Programa de Orientación Sociolaboral (OSL). Este programa, financiado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), tiene como objetivo que mujeres y hombres con Problemas de Consumo de Alcohol y Drogas, en tratamiento, desarrollen competencias personales, sociales y laborales que faciliten el acceso y mantenimiento de un empleo, a través de un proceso de orientación y acompañamiento sociolaboral.

Revisa los detalles de este programa en el siguiente enlace: https://avanzainclusion.cl/programa-osl/

Desde principios del siglo XXI se han producido los mayores desplazamientos de población que registra la historia de la humanidad. A mediados de la década de los noventa comenzó el ciclo de migraciones actual de Chile, que convirtió a nuestro país en una sociedad receptora de personas migrantes provenientes principalmente de Latinoamérica y Centroamérica.

Durante los primeros años de nuestra historia como república independiente, el flujo de migrantes europeos ya tenía un carácter selectivo. Posteriormente, con el actual ciclo migratorio se produjo una jerarquización que ordenó y asoció falsamente a comunidades de migrantes con “problemas sociales”. Al día de hoy, estas ideas siguen vigentes, sólo que con el tiempo y la llegada de nuevos migrantes lo que ha cambiado es la nacionalidad sobre la cual se naturalizan estas diferencias y se justifican las desigualdades.

En línea con todo lo anterior, una de las principales barreras para la inclusión social de las personas migrantes en nuestro país es el racismo. Este se define como cualquier actitud o conducta discriminatoria donde se manifiesta como válida la creencia en una clasificación de los seres humanos en “razas”, basada en las diferencias corporales de ciertos grupos que quedan en situación de subordinación respecto a otros dominantes que ejercen poder sobre ellos. Hay distintas vías de expresión del racismo y también distintas formas de racismo.

Una muestra clara de racismo institucional es una política migratoria altamente restrictiva, como la de Chile. Hay barreras entre quienes son sujetos ciudadanos y quienes son residentes, pero no ciudadanos. Es decir, migrados regulares, irregulares, en tránsito, etc. Por lo tanto, las personas migrantes residentes son objeto de un reconocimiento parcial o diferenciado de derechos, contribuyendo así a su explotación, discriminación y exclusión.

Entre las principales barreras para la inclusión social están: (1) las dificultades impuestas desde el mismo Estado en cuanto a accesibilidad en las prestaciones sociales posibles, por componentes legislativos y administrativos; y (2) las dimensiones socioculturales y de racismo contra personas migrantes, que se se evidencian en el trato diferenciado dado a los colectivos y grupos según características socioeconómicas, de sexo y del color de piel.

Para que los derechos humanos de personas migrantes se transformen en derechos ciudadanos, es necesario pasar de la idea de ciudadanía ligada a una nacionalidad; a la idea de ciudadanía ligada a la cohabitación en el mismo espacio. Para esto, resulta central la noción de “reconocimiento” y respeto de nuestras diferencias y la lucha por terminar con las desigualdades sociales, económicas y culturales. En virtud de todo lo anterior es necesario: (1) Asegurar la igualdad formal de derechos y deberes entre personas autóctonas y migrantes; (2) Garantizar la participación directa y plena de las personas migrantes en las decisiones que les afecten; (3) Promover un tratamiento digno, una experiencia subjetiva placentera y una inserción laboral y económica en status de formalidad; y (4) reconocer nuestro propio racismo en la vida cotidiana.

Las personas somos diversas por naturaleza. Tenemos diferencias en cuanto a nuestro aspecto físico, gustos, cultura, creencias políticas o religiosas, etc.

Así también somos diferentes en nuestra forma de vivir y expresar nuestras sexualidades.

En general se habla del concepto de “sexualidad”, sin embargo, también se puede usar en plural “sexualidades”, para reflejar la variedad y múltiples posibilidades que encontramos en ella.

Según diversas fuentes, existen 4 grandes dimensiones relacionadas a las sexualidades de todas las personas:

Dimensión biológica: incluye nuestros cromosomas, gónadas (testículos u ovarios), hormonas, órganos que nos permiten reproducirnos y los genitales.

Dimensión psicológica: relacionada al deseo, comportamiento sexual, emociones, sentimientos, pensamiento, identidad de género, orientación sexual, etc.

Dimensión sociocultural: asociada a la historia, las tradiciones, las creencias (entre ellas las religiones), los espacios de aprendizaje y socialización, el concepto de familia, las normas sociales, los medios de comunicación, etc.

Dimensión ética: referida a los valores y el marco legal que regulan el comportamiento individual y colectivo de las comunidades.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), la sexualidad puede definirse como “un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”

Dentro de esta definición encontramos varios conceptos que se asocian a ella, como Binario; Sexo; Género; Roles de género; Identidad de género; Expresión de género y Orientación sexual y afectiva.

En el marco legal actual de nuestro país, existen leyes que buscan proteger los derechos de las diversidades sexuales y de género, como:

Ley N°21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (2018).

Ley N°20.830, que crea el Acuerdo de Unión Civil (2015), el cual también puede ser usado por personas heterosexuales y cis. 

Por todo lo anterior, como personas e instituciones que estamos al servicio de la comunidad, debemos tener un trato respetuoso en cada una de nuestras actividades, incluyendo el uso de redes sociales y la atención directa a todo público.

Para comprender en mayor profundidad la situación de calle, es vital despejar las creencias previas de este fenómeno, por ejemplo, que solo está relacionado a la consecuencia del consumo de sustancias o problemáticas de salud mental. La situación de calle, muy por el contrario de entenderse solo desde dos o tres factores, es una combinación compleja de factores individuales y relaciones, como también de orden estructural e institucional que pueden dar una explicación de cómo las personas llegan a estar en situación de calle (Política Nacional Calle, 2017).

El que una persona se encuentre en situación de calle o habite la calle, se debe a una serie de factores de vulnerabilidad que se acumulan en el transcurso de la vida de la persona, existiendo dificultades asociadas a características personales, a la vida privada del individuo y también a las limitaciones existentes en el acceso a las redes de apoyo sean estas tanto informales, entiéndase como familiares, amistades u otra significativa y formales, como centros de salud, municipios, etc. Cada una de estas dificultades, pueden configurarse en un escenario de múltiples exclusiones que además se agudiza por situaciones de pobreza, tanto de ingreso como multidimensional, son: abuso y violencia doméstica, adicciones y salud mental deteriorada, proceso de abandono y desvinculación familiar, desempleo sostenido, bajos niveles de alfabetismo, ausencia de habilidades y destrezas, procesos de desinstitucionalización sin un adecuado apoyo y seguimiento, e importantes barreras de acceso a los sistemas de protección social, de salud y otros servicios y prestaciones (Política Nacional Calle, 2017). 

El promedio de edad de las personas en situación de calle en nuestro país es de 44 años, y el 40% no ha completado la educación básica. Porcentaje muy superior al promedio del mismo grupo etario perteneciente al decil más pobre de la población (36%). El 37% señala estar en situación de calle por problemas familiares, ya sea muerte de un familiar, expulsión o ruptura amorosa, el 24% por alguna dependencia y el 14% por problemas económicos. 

 La situación de calle se percibe en mayor medida por las noches, en donde es posible visualizar a personas que no cuentan con un lugar fijo en donde pernoctar pero que enfrentan la necesidad de “supervivencia” desarrollando actividades asociadas al tráfico de drogas, comercio sexual, etc. Durante el día están en plazas, en donde venden productos como dulces y parches curita o piden dinero a los transeúntes.

Desde esta perspectiva, el acceso al empleo resulta una problemática con doble óptica, pues en muchos casos es uno de los factores que origina la situación de calle, así como en muchos otros uno de los principales que dificulta la salida de esta realidad (MIDESO, 2015). Por este motivo, es necesario potenciar el desarrollo de competencias que permitan la re-inclusión social de esta población a través del acceso a un trabajo decente, entendido como una relación laboral acorde con los estándares internacionales, de manera que el trabajo se realice en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana (OIT, 1999).

Durante mayo de 2021, comenzamos un trabajo colaborativo junto a Corporación Moviliza, entidad creada en 2006 con el objetivo de prevenir y superar la situación de calle en Chile.

El envejecimiento poblacional es una de las mayores transformaciones sociales de la humanidad. Chile se encuentra en una etapa avanzada de ese proceso. En estas condiciones, el desafío es promover relaciones intergeneracionales, generando espacios y prácticas de participación plena de esta población. 

El envejecimiento es un proceso continuo, progresivo, irreversible, heterogéneo, ocurre como resultado del paso del tiempo y solo concluye con la muerte del individuo. Implica cambios biológicos, psicológicos, cognitivos y sociales. En Chile se considera persona mayor a todos quienes tiene más de 60 años y corresponde al 16,2% de la población, sin embargo, este grupo irá aumentando cada vez más. Ante esta realidad, resulta necesario favorecer un envejecimiento positivo y, por tanto, un cambio en la mirada sobre la vejez, erradicando los estereotipos negativos y reconociendo la contribución que realizan a la sociedad. Para ello, es preciso un cambio cultural y social; una nueva forma de relación y un nuevo trato hacia las personas mayores. 

A pesar del crecimiento sostenido de la población de personas mayores en los últimos años y del aumento de su participación en la sociedad, todavía existen muchos espacios en los que los prejuicios y la exclusión tienen cabida. La principal forma de discriminación a la que se ven enfrentados, se le llama “viejismo”. Corresponde a un conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a las personas mayores simplemente en función de su edad. Si bien el año 2017 se ratificó en nuestro país la Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, fenómenos como el maltrato hacia este grupo de la población han permanecido invisibilizados. 

Frente a esto, tenemos el desafío de promover una sociedad integrada para todas las edades, abarcando la vejez desde un enfoque de derechos. Debemos abandonar la idea de personas pasivas con necesidades que deben ser asistidas, y promover la visión de sujetos de derechos. Es responsabilidad de todos fomentar espacios de participación en la sociedad, subsanando las barreras del entorno y brindando la posibilidad de que se mantengan autónomos el mayor tiempo posible. Esto solo será posible si como sociedad transformamos la visión negativa que existe ante el envejecer, hacemos cambios estructurales que les permitan alcanzar una mejor calidad de vida y les valoramos como sujetos que, independiente de su edad, pueden generar valiosos aportes desde sus distintos roles. 

La población postpenitenciaria es víctima de diversos tipos de discriminación, en las que destaca la marginalización, segregación, estigmatización, exclusión, escasez de políticas públicas y rechazos sociales a los que se ven expuestas y expuestos. 

Para amortiguar una de las discriminaciones a las cuales se ven expuestas las personas que han egresado de recintos penitenciarios y así evitar la reincidencia delictual, es fundamental desarrollar estrategias y proyectos que incentiven a la reinserción laboral.

Esta reinserción laboral permite generar oportunidades de trabajo que otorgan a las personas una estabilidad económica y garantías básicas para las futuras y futuros trabajadores. A su vez, fomenta el respeto a los Derechos Humanos y previene la reincidencia delictual, incentivando la integración social y comunitaria.

En la actualidad, existen dos programas al servicio de la población postpenitenciaria, los cuales son:  Programa de Apoyo Postpenitenciario y Programa de Reinserción Laboral; Ambos a cargo de Gendarmería de Chile y cuyo objetivo es contribuir a la seguridad pública del país mediante la disminución de la reincidencia delictual de personas que estén próximas al cumplimiento de condena privativa de libertad, o que las haya cumplido en los últimos veinticuatro meses. (Gendarmería de Chile, 2018)

La intervención se orienta a la disminución del riesgo de reincidencia delictual y a mejorar las condiciones de integración social y laboral de personas con antecedentes penales, mediante el apoyo psicosocial, el desarrollo de competencias para el empleo, la capacitación, y la intermediación para la colocación laboral dependiente (Gendarmería de Chile, 2018).

Para promover y garantizar una real reinserción social debemos incentivar la inclusión a través de proyectos que incluyan a la población postpenitenciaria que ha sido víctima de múltiples discriminaciones.

Tomando en consideración la manifestación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: “Las sociedades no pueden permitirse el lujo de dejar de invertir en integración social y en programas de reintegración. Tales programas son una parte esencial de toda estrategia completa de prevención del delito. Invertir en prisiones, sin una inversión complementaria en programas de rehabilitación y reintegración, no producen una reducción significativa de la reincidencia” (Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, p.8).

De esta forma, como individualidades e institución estamos al servicio de contribuir a la disminución de la exclusión hacia las personas que han estado en recintos penitenciarios, desarrollando estrategias y programas para aportar a la reinserción laboral y social.