El 25 de Noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que tiene carácter oficial en la Organización de las Naciones Unidas desde 1999. La fecha fue elegida en conmemoración de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, activistas políticas de República Dominicana, quienes fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.
Durante las últimas décadas, nuestro país ha logrado avances al incorporar la perspectiva de género a algunas políticas públicas. Sin embargo, a pesar de los progresos en materia legislativa y el compromiso del Estado con la creación y ampliación del campo normativo y ministerial, estas no han sido suficientes, y hemos sido testigos de cómo la violencia hacia la mujer es un fenómeno estructural que, lamentablemente, está presente y que surge de las relaciones de poder basadas en las desigualdades de género.
Lo anterior queda demostrado en la XIII Encuesta Nacional “Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile, 2019” realizada por la corporación Humanas, donde, de un total de 1.221 mujeres entrevistadas, el 83.5% cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado en los últimos 10 años; el 89.8% considera que el acoso sexual a las mujeres es un problema grave que el Estado debe enfrentar; y el 90.60% cree que el Estado no toma las medidas necesarias para evitar la muerte de mujeres por su condición de género.
En enero de 2020 se celebró, en nuestro país, la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL con apoyo de ONU Mujeres. En esta ocasión, los países de la región aprobaron el Compromiso de Santiago, que entre sus 48 puntos, se destacan acuerdos para erradicar la violencia de género, otorgar acceso universal a servicios de salud integrales -incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva-, fomentar la participación laboral de las mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, implementar políticas y programas que contribuyan a un envejecimiento saludable y activo, que incluyan la perspectiva de género, reducir la brecha salarial y aumentar la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a fin de alcanzar la democracia paritaria, entre otros.
Cuando se vulneran los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sexuales de las mujeres, estamos ante la presencia de violencia estructural de género, y es importante señalar que ésta se va incrementando cuando es atravesada por razones étnicas, discapacidad, nivel socioeconómico o educativo, migración, entre otras. El movimiento feminista ha logrado levantar diversas consignas que ponen de manifiesto la necesidad por lograr cambios estructurales en contra de la violencia hacia las mujeres. Una de ellas dice relación con los derechos sexuales y reproductivos. En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, algunas temáticas cobran especial relevancia en el debate, ya que son una población especialmente vulnerable en algunos aspectos.
De acuerdo al II Estudio Nacional de Discapacidad, aproximadamente dos de cada tres personas con discapacidad son mujeres. Teniendo en cuenta que el 16,7% de la población total chilena tiene discapacidad, las mujeres con discapacidad alcanzan un 20,3% respecto a la población total de mujeres en Chile, mientras que los hombres un 12,9%.
Al mirar estas cifras debemos tener en consideración que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a una doble forma de discriminación: la relacionada con su género y por su propia discapacidad. Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que los Estados deben adoptar medidas pertinentes para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Uno de los aspectos esenciales en los que se debe avanzar es en garantizar los derechos sexuales y reproductivos, los que tienen una estrecha vinculación con la salud pública y la dignidad de las personas; garantizar y promover este derecho permitirá la protección ante agresiones sexuales y abusos, así como también infecciones de trasmisión sexual y embarazos no deseados. A su vez, esto permite el reconocimiento como sujetas de derechos capaces de expresar sus anhelos, necesidades y deseos, el derecho a decidir la maternidad y el disfrute de una vida sexual. Este es un espacio en el que generalmente las mujeres con discapacidad han sido excluidas por prejuicios que las ubican como mujeres asexuadas y sin poder de decisión sobre su propio cuerpo, por lo que es necesario garantizar y promover el derecho a la educación sexual, identidad de género, dignidad humana y la no discriminación.
Lamentablemente, en pleno siglo XXI, se sigue subestimando y negando la voluntad y autonomía que tienen todas las mujeres sobre sus cuerpos. Para consagrar los derechos sexuales y reproductivos se requiere, además de voluntad política, escuchar las demandas que nacen de las propias personas y grupos sociales, reconociendo que existe un requerimiento que cada día se escucha con más fuerza en las calles de nuestro país, y el cual exige no sólo respuestas, sino que también participación en futuras políticas públicas.
Por Rossanna Oyarzún Lavagnino,
Directora Ejecutiva de AVANZA Inclusión
