Desde nuestra institución, que se desempeña en el ámbito de la inclusión laboral hace ya 8 años, creemos que se han dado pasos agigantados por la implementación de la Ley 21.015, que seguimos considerando que es perfectible pero que constituye un buen primer paso.
Es importante visibilizar que de todas maneras uno de los colectivos que más barreras presenta para ingresar al mundo laboral son las personas con sindrome de Down. Es importante, en una semana en que se conmemoró su día internacional, se realce esta situación y las dificultades que enfrentan para ejercer sus derechos.
Esto, principalmente porque siempre se ha puesto en duda su capacidad mental.
En Chile la capacidad jurídica como derecho no está garantizada y se asocia a la capacidad mental, por lo que a las personas que tienen sindrome de Down les sucede frecuentemente que sus decisiones no son respetadas.
Esto constituye un pendiente muy relevante para nosotros y por lo mismo estamos muy contentos de que exista una moción parlamentaria que pretende dar respuesta a los compromisos que adquirió Chile al ratificar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su Artículo 12 habla acerca de la capacidad jurídica y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
El que a alguien se le respete la capacidad jurídica es un mínimo y una plataforma para el ejercicio de todos los otros derechos. Quienes han levantado las demandas son las organizaciones de padres ya que existe poco empoderamiento en el ejercicio de derechos de las personas con síndrome de Down.
El mayor pujo que puede tener el que esta moción parlamentaria llegue a concretarse es que sean las mismas personas con discapacidad las que también se hagan conscientes de la violación de derechos que implica el que no tengan reconocida su capacidad jurídica y a raíz de eso peleen por lo contrario.