Han pasado 15 años desde la ratificación por parte del Estado de Chile de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que inició con avances muy sutiles y que se han visto incrementados en los últimos 5 años.
De los compromisos adquiridos por Chile en esta ratificación, sin duda uno de los cuerpos legales que más ha removido la escena es la Ley N°21.015 (de inclusión laboral para personas con discapacidad), tanto por las implicancias que tiene el trabajo para la vida adulta y la participación económico-social de una persona, como por el desafío que ha significado a nivel de cultura organizacional para las empresas.
El desafío empresarial
Para cumplir con esta ley en forma exitosa y sostenible, y ahora también para cumplir con la Ley N°21.275, las empresas tienen que conocer de discapacidad e inclusión, reconocer sus propios sesgos o falsas creencias en relación a las discapacidades, entender qué es el enfoque de derechos, por nombrar solo algunos de los aprendizajes relevantes en la materia. No sólo cambia la forma en la que miramos la discapacidad a nivel organizacional, sino que también a nivel social en amplio.
No existen cifras oficiales claras en relación al cumplimiento de estas leyes, por lo que no es posible precisar cuánto se ha avanzado o cuánto queda por hacer. Según el trabajo cotidiano en la intermediación a la inclusión laboral, existen avances interesantes desde nuestras contrapartes.
En 2018, algunas empresas apenas podían entender cómo es que las personas con discapacidad podían llegar a trabajar, mostrando el desconocimiento en relación a esta temática. Hoy, estas empresas tienen políticas de diversidad e inclusión potentes, acciones coherentes con esas declaraciones, y procesos adaptados que permiten a las personas que postulan a sus cargos no sólo ser seleccionados e incluidos exitosamente, sino que desarrollarse laboralmente sin distinciones respecto a las otras personas del equipo.
Aún así, seguimos encontrando variadas realidades de organizaciones, y las modificaciones legales en las que se ha estado trabajado, así como la modificación ya publicada al decreto que reglamenta la ley, pretenden generar las presiones faltantes para las empresas que aún no se comprometen con este cambio.
Proyecciones desde la sociedad civil
Desde las organizaciones de la sociedad civil, inclusive, se proyecta un aumento de la cuota desde un 1% a un 2%, lo que supone cumplir con un compromiso inicial de esta discusión legislativa.
Pero hay una dificultad mayor y más amplia que la inclusión laboral: y es que en distintas esferas de la participación social, las oportunidades siguen siendo limitadas para quienes viven con discapacidad. Esto es particularmente relevante en el ámbito de la educación (en todos sus niveles), porque significa que muchas veces no existen personas con discapacidad que cumplan con los requisitos de las ofertas laborales, por lo que no pueden acceder a los empleos que se ofertan.
Tenemos un desafío claro en el contexto de este nuevo Día Internacional de las Personas con Discapacidad: articular de mejor manera las oportunidades de inclusión educativa y las de inclusión laboral, para buscar en conjunto estrategias que faciliten tanto el acceso como la permanencia de las personas en los procesos formativos hasta un egreso exitoso. Solo de este modo podremos lograr un aumento en el porcentaje de la inclusión laboral.
Del mismo modo que hemos hecho hasta ahora, seguiremos trabajando en alianza con diversos sectores para fortalecer los perfiles de quienes son parte de colectivos en riesgo de exclusión social y buscan empleo, mientras apoyamos a las empresas en el camino de volverse más diversas e inclusivas.