Buenas prácticas de inclusión laboral en las municipalidades

Buenas prácticas de inclusión laboral en las municipalidades

Buenas prácticas de inclusión laboral en las municipalidades

Algunas de las municipalidades que están participando del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, ejecutado por AVANZA Inclusión y financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, comentaron sobre las prácticas que las han llevado a tener altos índices de inclusión laboral dentro de sus organizaciones y los principales desafíos.

 

El Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad está desarrollando capacitaciones y tutorías a más de 230 organizaciones del país, y algunas de las municipalidades participantes con mejores índices de inclusión laboral, comentan cuáles han sido las acciones que las han llevado a tener estos resultados.

 

“Las principales prácticas que han llevado a tener una buena llegada a la inclusión, es la acción o intervención que promueva y proteja los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, contribuyendo a su plena participación en la sociedad y la eliminación de cualquier forma de discriminación”, señala Carolina Villivares, encargada de la Oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de Olivar.

 

Por su parte, Ángela Troncoso, de la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad de Isla de Maipo, menciona que algunas de las acciones que han desarrollado para promover la inclusión son la creación de la primera cooperativa de trabajo de personas con discapacidad llamada PIMAC (Proyecto de Micro Artesanos Creativos), la mesa comunal de discapacidad que permite mejorar y unificar acciones para la mejor atención de las personas con discapacidad, entre otras.

 

Las municipalidades se enfrentan a diferentes desafíos a la hora de trabajar para la inclusión laboral y frente a esto, por parte de la Municipalidad de Olivar comentan que han logrado superarlos, asegurando que “la inclusión es aquella que contribuya a solucionar o mejorar problemáticas asociadas a las barreras de acceso y barreras de la participación, promocionar la accesibilidad universal y desarrollo de una vida autónoma”.

 

Por otra parte, desde la Municipalidad de Isla de Maipo sostienen que los desafíos tienen relación al contexto rural en el que se desenvuelven, ya que “al ser una comuna donde la mayoría de las empresas son vitivinícolas y agricultoras, no generan ofertas laborales seguras y tampoco acceden a realizar ajustes necesarios para que esto se cumpla”, además de la accesibilidad y baja escolaridad que tiene gran parte de la población con discapacidad.

 

Las municipalidades concuerdan en que el programa es un gran aporte para estas organizaciones, ya que contribuye a fomentar la inclusión y plena participación de los trabajadores con discapacidad, así como a mejorar el clima laboral.

 

“El apoyo que ha fomentado el programa (…) a la inclusión, es avanzar en la implementación de las adecuaciones a la normativa vigente, fomentar la inclusión social, educativa y laboral, entre otras. Todas estas acciones apuntan a que las personas con discapacidad puedan hacer uso efectivo y pleno de sus derechos dentro del contexto municipal y comunal”, expresa Carolina.

 

Asimismo, Ángela afirma que “la vinculación laboral de personas con discapacidad permite que no sólo tengan una remuneración a través de la cual puedan satisfacer sus necesidades básicas, sino que también todos los beneficios que significa la participación social, en términos de autoestima y desarrollo personal”.

 

En este mismo sentido, la trabajadora de la Municipalidad de Isla de Maipo señala que el programa “es un gran aporte a los municipios, porque cuando se realizan buenas prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, el municipio genera un buen posicionamiento frente a su entorno social y económico, lo que marca una línea a seguir para el resto de las empresas de la comuna”.

 

El Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad está dirigido a instituciones públicas y privadas que cuenten con 100 o más trabajadores contratados y deban cumplir con la Ley Nº 21.015 sobre Inclusión Laboral. Es ejecutado por la ONG Avanza Inclusión y financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad.

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